La investigación se originó en el contexto del juicio político que enfrentó el expresidente Lasso en 2023, centrado en contratos de transporte de crudo entre Flopec y el consorcio Amazonas Tanker Pool. La Contraloría General del Estado emitió un informe en noviembre de 2021, señalando que dichos contratos generaron perjuicios económicos al Estado por al menos USD 6,1 millones debido al arrendamiento de buques a costos superiores a los ingresos obtenidos.

La Fiscalía ha argumentado que, tras una revisión exhaustiva de los elementos de prueba y las diligencias realizadas, no existen indicios suficientes para sostener la acusación de peculado. Por lo tanto, se ha considerado que el archivo de la causa es procedente.

La jueza Camacho otorgó un plazo de tres días para que las partes involucradas se pronuncien sobre la solicitud presentada. Entre los posibles opositores al archivo se encuentra la ex asambleísta Mireya Pazmiño, quien fue la denunciante del caso en su calidad de legisladora en funciones durante el mandato de Lasso. Su abogado, Washington Andrade, ha expresado su sorpresa por la rapidez con la que la jueza tramitó la petición fiscal y ha anunciado su intención de presentar una oposición formal al archivo de la causa.

La solicitud fue presentada el 21 de abril de 2025 ante la jueza Daniella Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.

La Procuraduría General del Estado también tiene la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud en el plazo concedido por la jueza.

Reportaje por Allison Lino – Estudiante de la Carrera de Comunicación Social En línea – UNEMI y practicante del Sistema Integrado de Medios SIM.