Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 6.797 homicidios intencionales, lo que representa un aumento del 36 % en comparación con el mismo período del año anterior. Estas cifras posicionan a 2025 como el año más violento desde que existen registros oficiales del Ministerio del Interior.

A pesar de los continuos estados de excepción decretados por el Gobierno, la violencia no muestra signos de disminución. Provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, donde se ha reforzado el control militar, siguen encabezando la lista con las tasas más altas de homicidios por cada 100 mil habitantes. Además, se observa un preocupante desplazamiento del crimen hacia zonas que antes mantenían niveles bajos de violencia, como Cotopaxi y Pastaza.

Los repetidos estados de excepción al menos 16 desde noviembre de 2023 han demostrado un efecto limitado y temporal, mientras que las organizaciones criminales continúan adaptándose y expandiendo su influencia. La persistencia del problema evidencia que el uso de la fuerza pública, por sí solo, no garantiza resultados sostenibles.

Expertos indican que el incremento de la violencia está ligado a factores estructurales como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, el tráfico de armas y la debilidad del sistema judicial. También se registra un aumento preocupante en los homicidios de niños, adolescentes y jóvenes, con el uso de armas de fuego como principal causa.

Ante este panorama, indican, se hace urgente pasar del estado de excepción a un estado de estrategia, siendo necesario fortalecer la inteligencia policial y criminal, mejorar el seguimiento financiero y judicial de las redes del narcotráfico, y complementar las acciones de control con políticas de prevención social que involucren a las comunidades más vulnerables.

Autora: Nicole Narea Marcillo – Practicante del Sistema Integrado de Medios (SIM).