El gasto público del Gobierno ha tomado un rumbo que prioriza la asistencia directa sobre la inversión estructural. Según los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que va del año se han destinado USD 120 millones a proyectos de obra pública, una cifra considerablemente menor a los más de USD 250 millones invertidos en bonos y programas sociales.

Fuentes oficiales justifican este enfoque señalando que los bonos permiten “responder con rapidez a las necesidades urgentes de la población más vulnerable”, especialmente en un contexto de desaceleración económica y aumento del costo de vida.

Sin embargo, economistas y analistas advierten que la reducción del gasto en infraestructura puede tener consecuencias duraderas. “Los bonos alivian el bolsillo de las familias en el corto plazo, pero no generan empleo sostenible. La obra pública, en cambio, impulsa sectores productivos y mejora la competitividad del país”, señaló la analista económica María López.

El Ministerio de Obras Públicas ha reconocido retrasos en varios proyectos estratégicos, incluyendo carreteras y sistemas de agua potable, atribuidos a ajustes presupuestarios y demoras en los procesos de contratación.

Mientras tanto, los bonos sociales como el de Desarrollo Humano y el de Vivienda continúan ampliando su cobertura.

Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han insistido en la necesidad de encontrar un equilibrio entre asistencia social inmediata e inversión productiva, clave para sostener el crecimiento y reducir la dependencia de subsidios estatales.

A falta de un viraje en la política fiscal, los expertos prevén que la obra pública seguirá en segundo plano, en un escenario donde el gasto social, aunque popular, podría comprometer la capacidad del Estado para dinamizar la economía a mediano plazo.

Autor: Bryan Zambrano – Practicante del Sistema Integrado de Medios (SIM).