La campaña digital en torno a la Consulta Popular y Referendo 2025, convocada para el domingo 16 de noviembre por el presidente Daniel Noboa, se expande sin un control absoluto por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pese a que la entidad electoral establece un techo global de gasto y un calendario oficial de campaña, la normativa actual no contempla un mecanismo específico para auditar ni registrar la inversión en plataformas digitales.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en el principal espacio de promoción política sin supervisión directa. No existe información pública que revele quién financia los anuncios o cuánto se invierte en ellos, lo que deja un vacío normativo en el control del contenido difundido. Según el experto en comunicación Nicolás Castro, esta falta de regulación permite que las estrategias políticas permanezcan activas incluso después del inicio del silencio electoral, difundiendo encuestas, mensajes y tendencias que pueden influir en la intención de voto de los ciudadanos.

De acuerdo con el cronograma oficial del CNE, la campaña electoral se desarrolla desde el sábado 1 de noviembre hasta las 23:59 del jueves 13 del mismo mes. Sin embargo, en el entorno digital, las fronteras entre la promoción y la propaganda se difuminan, desafiando la capacidad de las autoridades para garantizar un proceso transparente y equitativo.

Autora: Maribel Rodríguez – Practicante del Sistema Integrado de Medios (SIM).