El Tribunal de Garantías Penales consideró probada la autoría directa del procesado y aplicó la pena agravada de privación de libertad, debido a la condición de vulnerabilidad de la víctima.

Fuente: El Comercio

Los hechos se remontan al 20 de enero de 2025. Ese día, la hermana del adulto mayor acudió a su vivienda, ubicada en el sector Sinancumbe, y encontró el cuerpo sin vida.

La escena reveló signos de extrema violencia: el hombre estaba boca abajo y presentaba ocho heridas punzocortantes en el tórax.

El testimonio de la familiar resultó clave en las primeras horas. Según su versión, Ángel Eduardo D. T. fue visto en las cercanías del inmueble con una conducta nerviosa y evasiva, poco después del crimen.

Durante el juicio, la Fiscalía sustentó la acusación con los testimonios de los policías aprehensores, el relato de la hermana de la víctima y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos. A esto se sumó la autopsia médico-legal, que confirmó una muerte violenta.

Una pericia de genética forense cerró el círculo probatorio. El análisis determinó que la sangre encontrada en la ropa del procesado correspondía a la víctima.

El delito se encuadra en el artículo 140 del COIP, con la agravante prevista para crímenes cometidos contra adultos mayores, lo que justificó la pena máxima impuesta por el tribunal.

Autora: Maria Isabel Salazar – Practicante del Sistema Integrado de Medios (SIM).