Comunidades monitorean salida de maquinaria mientras el Gobierno ordena paralización total de actividades.

Desde que el Gobierno dispuso la suspensión de la actividad minera en la provincia amazónica de Napo, mineros ilegales han comenzado a retirar maquinaria pesada y desmontar campamentos, según reportes de comunidades locales que se oponen a esta actividad extractiva.

La paralización fue ordenada por el Ministerio de Ambiente y Energía a partir del 2 de febrero de 2026, mediante una resolución que prohíbe toda actividad minera, tanto metálica como no metálica, en la provincia. Pobladores de la zona cuestionan la forma en que se ejecuta la medida. “Es clara la estrategia por parte del Gobierno; así como los dejaron entrar libremente, así mismo los están dejando salir, sin ninguna restricción. Los dejaron minar hasta cuando quisieron y ahora como se ven seriamente cuestionados, los dejan salir”, expresó un habitante del sector.

La resolución ministerial también contempla la suspensión de plantas de beneficio para el procesamiento de oro en el cantón Portovelo, en El Oro, y en la provincia de Loja. El mismo día, la ministra Inés Manzano anunció la convocatoria al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para analizar la contaminación ambiental en Napo, una de las provincias más afectadas por la minería ilegal.

Manzano señaló además que uno de los principales problemas radica en que concesiones otorgadas a pequeños mineros o artesanales son alquiladas a grupos ilegales. Durante 2025, la Fiscalía registró 33 denuncias por minería ilegal en Napo, mientras que la Arcom identifica a esta provincia entre las 16 con mayor presencia de operaciones ilícitas vinculadas incluso a grupos armados.

Autora: Maria Isabel Salazar – Practicante del Sistema Integrado de Medios (SIM).